Que la crisis la paguen las corporaciones enriquecidas con la entrega de los recursos naturales
El panorama en Santa Cruz es grave:
En la zona norte son varios miles los obreros desocupados, en muchos casos cobrando miserables susidios, a la espera de prometidos empleos que no llegan.
Las finanzas públicas están en ruinas, y los platos rotos pretenden una vez mas hacérselos pagar a los trabajadores. Además del anunciado tarifazo en los servicios, Peralta intenta congelar salarios y utilizar el fantasma de la crisis, para llevar la edad jubilatoria a 60 y 65 años.
Como el gobierno avizora un escenario de conflicto social, acaba de designar a un represor con antecedentes, como jefe de la policía provincial y avanza la judicialización de docentes, petroleros o desocupados que participaron en las luchas de estos años en la provincia. El delegado petrolero Víctor Oñate continúa detenido desde hace ya muchos meses.
El discurso de asunción de la Presidenta estuvo destinado a descalificar y amedrentar a docentes y petroleros de Santa Cruz, pero tras ellos amenaza al conjunto de los trabajadores.
Colocando la huelga como si fuera una extorsión, se ubica decididamente en el campo de la represión a los reclamos sociales.
Ante las multinacionales, en cambio se compromete una paz social imposible, y se aprestan a firmar la entregada final del petróleo con YPF-REPSOL.
El resultado electoral ha determinado un gobierno provincial desgastado, corroído por internas feroces, y que tiene como misión descargar la crisis sobre las mayorías populares.
Las apariencias de una gran concentración de poder no pueden ocultar el caldero social y la bancarrota de las finanzas a que se enfrenta Peralta, lo que permite avizorar la crisis política que le espera a poco andar.
DIEZ AÑOS ATRAS
Hace diez años mientras De la Rua instauraba el corralito y el estado de sitio, Kirchner -en ese entonces gobernador- rebajaba las asignaciones familiares y recortaba adicionales a los empleados públicos. En Caleta Olivia el entonces Intendente Córdoba rebajaba los salarios en un 20 % y generaba un conflicto que iba a finalizar varios días después con la toma del municipio por sus empleados.
Cuando la asamblea del cacerolazo en Río Gallegos, cuestionaba estas medidas de ajuste, patotas organizadas por Rudy Ulloa golpearon salvajemente a manifestantes en la emboscada del 26 de abril de 2002.
El recordatorio es necesario ya que las actuales autoridades nacionales, provinciales y municipales de nuestra provincia
militaron en la gran crisis del 2001-2002 en la misma trinchera del plan de ajuste de Cavallo-De La Rua.
En 2011-2012 ante una nueva crisis capitalista vuelven a las
andadas de lo que ya hicieron hace diez años: Plan de ajuste y persecución de los que luchan.
En cambio el Partido Obrero luchó en las calles contra el ajuste en 2001, y fue una de las fuerzas animadoras del cacerolazo en Río Gallegos y de la rebelión municipal de Caleta Olivia.
TERMINEMOS CON LOS PRIVILEGIOS EN SANTA CRUZ
El carácter de clase (patronal) del gobierno, lo lleva a caracterizar que la crisis se debe a la existencia de paros o conflictos sociales, de los que responsabiliza a los trabajadores.
Si se sacara las anteojeras debería reconocer la verdad: Que YPF-REPSOL se lleva miles de millones a España cada año que le sirven para enjugar en parte la crisis capitalista en Europa, mientras desinvierte en nuestra provincia, elude su responsabilidad en la remediación ambiental, no explora, perfora cada vez menos y por lo tanto genera desocupación en la zona norte y unas finanzas provinciales escuálidas. (todo esto sin contar que el gobierno hizo desaparecer, (se “esfumaron”) los ahorros de Santa Cruz, con los que nos prometían industrializar la provincia.)
En lugar de recuperar el petróleo, la minería y otras actividades muy rentables para los santacruceños, van a firmar la prórroga por otros 20 años con REPSOL, a cambio de moneditas que no van a solucionar nada.
Se ha llegado al ridículo de sancionar una ley para aumentar del 1% al 3% las regalías mineras, que no se aplica a nadie porque se continúan validando los privilegios de contratos y leyes anteriores y siguen pagando el 1%.
“Si eso no es entrega, la entrega donde está”, diría la hinchada.
La presidenta acusa a petroleros y docentes por protagonizar luchas, siendo (para ella) sectores relativamente bien pagos. Habría que recordarle que la misma queja la realizaba la dictadura de Onganía, luego del Cordobazo de 1969, acusando a los obreros mecánicos de Córdoba (“los mejor pagos del país” decían entonces) de encabezar los alzamientos que tumbaron finalmente a aquella dictadura.
El gobierno Kirchnerista ha agotado todas las cajas de donde sacar plata, como el ANSES y el Banco Central y también está agotando sus recursos políticos, entre ellos la llamada “política de derechos humanos”.
No es casual que un buchón de la dictadura genocida como Gerardo Martínez acompañe a Cristina en viajes internacionales.
Para defender los derechos humanos hay que independizarse de los Kirchner.
Defendemos el derecho a la protesta como el primer y mas importante de todos los derechos y llamamos a organizar coordinadoras de las organizaciones obreras y democráticas contra la criminalización de la protesta social. Vamos por el cese de las persecuciones, la libertad de Oñate y el desprocesamiento de los que luchan.
Exigimos juicio y castigo para los patoteros protegidos por el oficialismo, García, Martínez y sus matones que ensucian el nombre de la UOCRA.
El Partido Obrero en el FRENTE DE IZQUIERDA, reclama la caducidad de las concesiones petroleras y mineras, sin indemnización y la gestión estatal bajo control obrero de la actividad minera e hidrocarburífera.
La alternativa es clara: O las petroleras y mineras se siguen llevando todo, o los santacruceños retomamos el control de nuestros recursos para asegurar el trabajo, la educación y la salud.
Plenario Provincial del Partido Obrero
Caleta Olivia - Diciembre 2011

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